Esta semana hubo avances importantes en el borrador, con el cierre de los capítulos de Sistema Político y Derechos Fundamentales, así como con la penúltima revisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.
¿Se aprobaron nuevos derechos?
Sí, se aprobó el derecho al trabajo decente, que había quedado fuera en la revisión anterior del informe de Derechos Fundamentales, aunque sí se habían incluido otros asuntos laborales como la libertad sindical y el derecho a huelga. Ahora se agrega el derecho a “remuneración equitativa, justa y suficiente”, que asegure el sustento de los/as trabajadores y sus familias, con derecho a igual remuneración por igual trabajo. Se mandata al Estado a crear las condiciones para que se pueda conciliar el trabajo con la vida familiar y comunitaria, así como a promover la corresponsabilidad, social y de género, de modo que no sean las mujeres las que asuman el trabajo doméstico y de cuidados. Además, se prohíbe la precarización laboral.
Se suman también los derechos a la memoria, a la alimentación y a la autodeterminación informativa, que es el derecho a la protección de los datos personales.
También se dotó de contenido a aquellos derechos que habían sido aprobados con anterioridad y que habían quedado con vacíos, como el derecho a la salud. A diferencia de la propuesta original, que establecía que los prestadores privados no debían tener fines de lucro, ahora se aprobó que sea la ley la que determine qué requisitos deberán cumplir para integrarse al Sistema Nacional de Salud. Al mismo tiempo, se obliga al Estado a fortalecer el sistema público. Ya se había incluido en el borrador que los fondos serían administrados por un ente estatal, eliminando a la isapres como las conocemos hoy, a lo que se buscaba sumar la existencia de seguros complementarios, idea que fue rechazada (lo que no significa que se prohíba su existencia).
¿Hay cambios en educación?
El derecho a la educación ya estaba en el borrador, pero ahora se agregaron nuevos artículos que apuntan al fortalecimiento de la educación pública. Será de carácter laico y gratuito, y el Estado deberá financiarla con aportes basales “de forma permanente, directa, pertinente y suficiente”. Aunque no se descarta la existencia de colegios particulares subvencionados por el Estado, se rechazó el artículo que lo especificaba, debido al voto en contra o abstención de la derecha y parte de la izquierda.
Sí se aprobó la libertad de enseñanza, que incluye la libertad de padres y apoderados de elegir el tipo de educación de niños y adolescentes, y la libertad de cátedra de profesores y educadores. Se reconoce también el derecho de los integrantes de cada comunidad de participar de la definición de los proyectos educativos y se remarca el rol fundamental de los docentes para el sistema educacional.
En cuanto a educación superior, se constitucionaliza la gratuidad en las instituciones públicas y en aquellas privadas que cumplan con los requisitos que establezca la ley.
¿Cómo terminó el sistema político?
Se terminó de armar el sistema que había quedado cojo y del que te he venido hablando en las últimas semanas. Mantiene un régimen presidencial y contempla un poder legislativo bicameral asimétrico, compuesto por un Congreso de Diputadas y Diputados electos de manera proporcional, y una Cámara de las Regiones en que cada una tendrá el mismo número de representantes (al menos tres). Quizás recuerdes que la integración de estos órganos había sido rechazada, pero se incluyó su contenido en otros artículos que fueron aprobados, pese a los reclamos de la derecha respecto a que el rechazo era definitivo.
También volvieron a incluirse las atribuciones de la Cámara de las Regiones, ampliando de manera significativa las leyes que deberá revisar, aunque igual su poder será menor que el del actual Senado, que las ve todas. La nueva cámara también aprobará junto al Congreso los nombramientos que requieran el visto bueno del legislativo y actuará como jurado en las acusaciones constitucionales.
Pese a estos avances, hubo un par de rechazos importantes y como esta era la última oportunidad de Sistema Político en el pleno, colectivos de centroizquierda incluyeron el contenido de dos normas rechazadas en el informe de la comisión de Sistemas de Justicia. Se trata del quórum de insistencia (4/7) del Congreso de Diputados y Diputadas cuando una comisión mixta rechace un proyecto de ley; del artículo que iguala a las organizaciones y a los independientes en las elecciones; y de la idea de desfasar la elección del Congreso de la primera vuelta presidencial. La movida de incluirlos en el informe de otra comisión ha sido fuertemente criticada por la derecha y por convencionales de la La Lista del Apruebo, como Fuad Chahín (DC) o Felipe Harboe (ex PPD), que la califican como una trampa.
Ante los cuestionamientos, no está claro que estas indicaciones consigan los 2/3 en la votación de este viernes 13. Al menos el Colectivo Socialista, que patrocinó las indicaciones, ya decidió abstenerse, aunque el Frente Amplio y otros mantienen hasta ahora su apoyo. En otros casos similares, en que artículos rechazados definitivamente fueron incluidos en los informes de DD.FF. y Medio Ambiente, el resultado fue negativo esta semana.
¿Es cierto que se aprobó la paridad?
Algo único de la propuesta de nueva Constitución es que se aprobó que nuestra democracia sea paritaria y contempla la misma regla de la Convención en cuanto a que la paridad sea un piso y no un techo, es decir que debe haber al menos un 50% de mujeres, pero puede haber más. Esta regla regirá para los órganos colegiados del Estado -como el Congreso o las concejalías-, así como para los órganos superiores y directivos de la administración y los directorios de las empresas públicas y semi públicas. El Estado deberá promover la representación de diversidades y disidencias de género.
También se votó el segundo informe de la Comisión de Sistema Político, sobre transparencia, probidad, FF.AA. y de orden, y relaciones internacionales. Algo llamativo fue la aprobación de una indicación presentada por el convencional Cristián Monckeberg (RN), algo prácticamente inédito en el pleno. Aunque era casi igual que la propuesta del informe -una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular-, agregaba un inciso final que establecía que la ley definiría los detalles. Respecto al mismo tema de los salarios, se rechazó la idea de poner un techo de 10 sueldo mínimos a los cargos electos.
Esta vez se logró aprobar la prohibición de ser candidatos a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales, violencia intrafamiliar o por corrupción, a los que se agregaron ahora los delitos de lesa humanidad.
¿Y los temas de seguridad?
Se aprobó que las policías serán instituciones “no militares”, en vez de civiles, como decía la propuesta original. Seguirán siendo jerarquizadas, profesionales, disciplinadas y no deliberantes, pero además deberán incorporar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
Otro tema que había quedado pendiente era el de los estados de excepción, que esta vez se aprobaron. Entre las novedades está la eliminación del Estado de Emergencia, que es el que se ha invocado por perturbaciones al orden interno (por ejemplo, durante el estallido social o en la macrozona sur). Ahora sólo existirán el Estado de Asamblea (conflicto armado externo) y de Sitio (conflicto armado interno), y el Estado de Catástrofe (como el que se decretó durante la pandemia). En todos los estados de excepción habrá una Comisión de Fiscalización integrada por diferentes estamentos para vigilar que no se cometan abusos.
¿Ya se cerraron todos los temas de pueblos originarios?
Sí, están presentes transversalmente porque se establece que el Estado es plurinacional. Se reconoce su autonomía y nuevos derechos, pero aún así el desenlace fue decepcionante para ellos. El jueves se rechazó completo el informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, que contenía el resultado de la consulta a los distintos pueblos. Como se hizo tan tarde, la mayoría de los temas ya estaban incluidos en el borrador o simplemente no lograron consenso. Así, se rechazó nuevamente el reconocimiento del genocidio indígena y otras propuestas nuevas, como el derecho a la transhumancia. Pese a los otros avances, los representantes de escaños reservados estaban muy enojados.
¿Cuáles son las comisiones pendientes?
Este viernes se vota el informe final-final de Sistemas de Justicia, que incluye varias modificaciones con las que se espera reunir los 2/3. Ante las críticas por la gobernanza colegiada del Ministerio Público, se repone la figura del fiscal nacional a cargo de la dirección superior de la institución, nombrado en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas ante propuesta de la Presidencia (algo que inicialmente se quiso evitar ante el precedente de lobby ante los parlamentarios del actual fiscal Jorge Abbott).
En la misma línea, el defensor nacional recupera su rol de liderazgo y se elige igual que el fiscal nacional, aunque en la Defensoría Penal Pública se mantiene el principal cambio: terminar con los abogados licitados (externos), que hoy llevan la mayoría de los casos. El objetivo es que los defensores sean funcionarios del organismo.
La semana pasada te conté que en todas las designaciones se había rechazado darle un rol preponderante al Consejo de Alta Dirección Pública, que buscaba disminuir la politización de los nombramientos en órganos autónomos. Al igual que con el fiscal y el defensor nacional, en otros cargos se vuelve ahora a fórmulas más tradicionales. Sin embargo, en el caso del nuevo defensor del Pueblo, la propuesta que irá al parlamento será una terna preparada por organizaciones sociales y de derechos humanos. Para el defensor de la Naturaleza, la terna será propuesta por organizaciones ambientales.
Los integrantes del Consejo del Medio Ambiente los elegirán ambas cámaras legislativas y la dirección de la Agencia del Medio Ambiente quedará en manos de la Cámara de las Regiones. Para la Dirección de la Agencia Nacional del Agua, en cambio, se mantiene la propuesta de una terna del Consejo de Alta Dirección Pública enviada al parlamento. Ese consejo también propondrá a la Presidencia los nombres de los integrantes del Consejo de Defensa del Estado.
En cuanto al Banco Central, sus consejeros los elegirá la Presidencia en acuerdo con la mayoría del Congreso, en sesión conjunta de ambas cámaras. Misma figura se aplicará al caso de la Contraloría y el consejo del Servicio Electoral.
¿Y cómo se elegirán los integrantes de la Corte Constitucional?
Cuatro integrantes se elegirán en una sesión conjunta de ambas cámaras parlamentarias, tres los elegirá la Presidencia, y cuatro los designará el Consejo de la Justicia por concurso (pueden ser jueces, que quedarían suspendidos de sus funciones). Al menos uno de ellos debe provenir de pueblos indígenas.
No es tan claro que este diseño sea aprobado por el pleno, así como también hay dudas respecto al capítulo de las reformas constitucionales. En ese caso la propuesta es que las reformas deban ser visadas por ambas cámaras con un quórum de 4/7 y, en caso de que haya desacuerdo, el quórum de insistencia del Congreso de Diputados y Diputados sería de 3/5 de sus integrantes.
Si la reforma constitucional obtiene menos de 2/3 y altera “sustancialmente” (ese énfasis es nuevo en esta propuesta) el régimen político y el periodo presidencial; el diseño de los órganos legislativos y la duración de sus integrantes; la forma del Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; o el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución, entonces se convocaría a un plebiscito ratificatorio.
¿De qué se va a tratar la última votación?
El informe de Medio Ambiente es el que se vota este sábado. Justo una semana antes, el sábado 7 de mayo, el pleno deliberó por segunda vez sobre su último informe y se aprobaron 16 de los 35 artículos propuestos. Entre otras cosas, pasó al borrador constitucional que el agua será incomerciable, se autorizará su extracción basándose en la disponibilidad efectiva y sólo para los usos para los que fue concedida, con lo cual se pone fin al mercado del agua. Habrá un manejo integrado de cuencas y se reconocen los usos ancestrales de los pueblos originarios.
En cuanto al rol del Estado en la economía, se establece que “se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico». Como Estado empresario, sus actividades “podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización”.
Se aprobó también que el Estado tiene el deber de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria y debe garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Respecto al Estatuto de la Minería, el Estado seguirá siendo el dueño de las minas y sustancias minerales, pero se rechazó la nacionalización de hidrocarburos, litio y tierras raras, además del cobre (en que el Estado podía asociarse con privados). Este ha sido el punto más polémico del trabajo de esta comisión, que decidió no insistir en el tema, por lo que no está incluido en el informe que se votará este sábado.
En cambio, se propone la entrega de autorizaciones administrativas para la exploración y explotación minera. Además, se prohíbe toda actividad minera en glaciares y zonas protegidas.
En el informe que se votará este sábado también se incluyeron temas rechazados en otras comisiones, relativos al derecho de autor, bienes comunes digitales y límites a los sueldos de los integrantes de órganos colegiados.
¿Qué va a pasar ahora con las comisiones?
La última terminó su trabajo el jueves 12 y ahora las siete comisiones temáticas se disuelven. En paralelo, el lunes 9 comenzaron a sesionar las llamadas comisiones finales, aunque sólo para elegir a sus duplas de coordinación. Les costó ponerse de acuerdo y hubo múltiples votaciones papales, pero al final salió humo blanco.
El gran ganador fue Independientes Nueva Constitución (ex No Neutrales), que se quedó con dos coordinaciones: Tammy Pustilinick en Armonización y Jorge Abarca en Preámbulo. En la primera se escogió también a Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) y en la segunda la co-coordinadora será Adriana Cancino (Colectivo Socialista). En cuanto a la Comisión de Normas Transitorias, los coordinadores serán Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales Constituyentes) y Eduardo Castillo (PPD, Colectivo del Apruebo).
Fuente https://www.ciperchile.cl/2022/05/13/%F0%9F%A4%96-asi-se-termina-de-escribir-el-borrador-constitucional/
